Señales que llevaron al juicio de amparo
Como juicio de garantías a los derechos humanos, un juicio
de amparo requiere de la voluntad de los directamente violentados en sus
derechos como los indígenas y sus pueblos. En el caso del llamado Proyecto de
Desarrollo de Tren Maya, 19 habitantes de los territorios afectados decidieron
iniciar este largo camino. Nucleados en el Consejo Regional Indígena y Popular
de Xpujil (CRIPX) y con el apoyo de la ONG Diálogo y Movimiento (DIMO, A.C.)
decidieron interponer un juicio de amparo porque han observado que el Ejecutivo
Federal (el presidente y su gabinete) ha hecho oídos sordos a la denuncia de
errores graves en el proceso de consulta como pasar por alto derechos
fundamentales de los indígenas señalados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Federales. Estas son algunas señales que los llevaron a tomar
este camino:
1. El 15 de noviembre de 2018, se dirigió una carta al
presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la que se señalaba con
preocupación que el llamado Tren Maya no cumplía los derechos humanos, los
principios constitucionales, los principios de convencionalidad ni los
principios pro-personas, y una serie de principios de los derechos humanos.
2. El 29 de agosto de 2019, el Comité contra la
Discriminación Racial de la ONU emitió una recomendación al Gobierno mexicano,
en la que señalaba su preocupación por la información de que los procesos de
consulta previa sobre los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transístmico no
habían tomado en cuenta la palabra de comunidades. El comité recomendó que el
Estado mexicano pusiera sus informes presentados a disposición del pueblo.
Hasta la fecha, el Ejecutivo Federal no ha respondido al Comité contra el
Racismo: una acción que está obligado a hacer por la comunidad internacional.
“Los indígenas deben poder tomar la mejor decisión sobre las
medidas del Gobierno que pudieran poner en riesgo sus derechos fundamentales”
3. La Comisión de Derechos Humanos de la Diócesis de San
Cristóbal dio a conocer que juntó alrededor 6 mil firmas en el Estado de
Chiapas, pronunciándose en contra del Proyecto Transístmico y sobre todo, del
llamado Tren Maya.
4. Desde noviembre de 2019, el Gobierno Federal convocó al
llamado de proceso de consulta y participación ciudadana sobre el Proyecto de
Desarrollo Tren Maya, para llevarse a cabo los días 14 y 15 de diciembre. Para
entonces, ya se habían violentado varios estándares y principios de la consulta
indígena que señala el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 6 y 7.
5. El 19 de diciembre de 2019, la oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas en México llamó la atención en el proceso de
consulta sobre el Proyecto de Desarrollo del Tren Maya.
Como se puede observar, la única vía que dejó el Gobierno
Federal fue recurrir al juicio de amparo reclamando las violaciones a los
principios del derecho internacional que regulan las consultas indígenas como
el Convenio 169 de la OIT, especialmente el derecho a la autonomía y la libre
determinación, que también están expresamente señalados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Por qué el Gobierno Federal violenta los derechos humanos?
Por otro lado, el proceso y el proyecto violan el derecho a
tener información previa, cabal y de buena fe para que los interesados puedan
tomar una buena decisión sobre lo que se les está consultando. En las actas de
la asamblea regional que se levantaron en la fase deliberativa y consultiva de
ese proceso, se observó que la voluntad de las personas estaba influenciada por
la propia necesidad de atender sus problemas más elementales y básicos como el
acceso al agua y a la salud, y la certeza jurídica sobre su tierra; lo cual son
derechos básicos esenciales que no debería depender de la concreción de un
megaproyecto que afecte sus territorios.
Lo peor es que los funcionarios federales también admitieron
que en esa fase informativa no tenían toda la información para poner a
disposición de las autoridades indígenas, comisarios o agentes municipales. Así,
les dijeron: “No contamos con esta información, pero ustedes vayan a sus
comunidades a consultar”. Esto violenta el estándar internacional de la
consulta previa.
Lo ganado hasta ahora
Sin que todavía haya terminado el juicio de amparo, hasta
este momento se ha ganado mucho. En primer lugar, por lo menos dos
organizaciones han contribuido a que se presente este amparo, DIMO y CRIPX,
pero también participan investigadores e investigadoras, profesionales y
campesinos que le ponen el cuerpo y le dan fuerza a lo que se está haciendo.
Esto significa que hemos podido expresar nuestra voz y
nuestra inconformidad. Nuestra voz ya quedó en la historia de México. Se deja
constancia de que sí hay oposición, sí hay inconformidad a los megaproyectos
porque se imponen de la misma manera que gobiernos anteriores. No es la primera
vez que resistimos. Y como no es la primera vez, sabemos que la lucha va a ser
larga, hasta que realmente el Ejecutivo Federal tenga voluntad de escucharnos.
Nuestra voz quedó y quedará en la historia. Nuestros hijos e hijas podrán ir
con su vista en alto porque sabrán que sus padres y madres no cedieron ante la
intimidación y que nuestra voz quedó ahí, y que así como nosotros ellos podrán
también alzar su voz ante cualquier injusticia.
“Hemos podido expresar nuestra voz y nuestra inconformidad.
Nuestra voz ya quedó en la historia de México”
Al cierre de este artículo, los compañeras y compañeros que
firmaron el amparo están siendo hostigados por funcionarios del Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (FONATUR), que es una dependencia del Gobierno Federal
encargada de ejecutar el Tren Maya. Esta instancia gubernamental ha querido
minimizar la demanda de amparo, señalando que los firmantes no son indígenas y
que son una minoría frente a una supuesta gran mayoría que aprobó el proyecto.
Esto no es cierto. No solo no son una minoría, sino que quienes aprobaron el
proyecto lo hicieron bajo engaño, sin la información de los estudios de impacto
ambiental y social.
Por ello, el día 16 de marzo de 2020, los compañeros y
compañeras del CRIPX recibieron más de 4.000 firmas de indígenas tzeltales,
cho’oles, tojolabales y tsotiles que habitan en Chiapas y que forman parte de
las distintas parroquias de la Diócesis de San Cristóbal. En el escrito señalan
que apoyan el juicio de amparo contra el Tren Maya; piden respeto a su
autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; exigen respeto a la
integridad física, moral y psicológica de los hombres y mujeres que habitan
Xpujil, Calackmul, Campeche; que se atrevieron a reclamar jurídicamente; y
también piden que se respete a las bases sociales y comunitarias que los
respaldan.
Elisa Cruz Rueda es abogada y antropóloga. Es asesora de
Diálogo y Movimiento, A.C. y del Consejo Regional Indígena de Xpujil (CRIPX).
Comentarios
Publicar un comentario